Por: Andrés Felipe Moreno González
Trader Banco Coopertativo Coopcentral
Crisis en la “Ley de Solidaridad Sostenible”
El Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso una ambiciosa reforma tributaria que fue llamada “Ley de Solidaridad Sostenible”, buscando al mismo tiempo expandir la cobertura de los programas de protección social y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Si se hubiera aprobado como lo radicó el ministerio, hubiera permitido financiar en primera instancia la permanencia de programas como Ingreso Solidario y realizar un ajuste fiscal de 1.4% del PIB a partir de 2022.
A diferencia de anteriores reformas, se quería aumentar el régimen de impuestos avanzando a una tributación de la clase media, proponiendo también modificaciones importantes en materia de gasto social y a la regla fiscal. En particular, esta ley se dividió en 3:
- 1. Redefinición de la regla fiscal;
- 2. Fortalecimiento y focalización del gasto social; y
- 3. Equidad en distribución de cargas tributarias y ambientales.
A pesar de lo anterior y de las “buenas intenciones” del gobierno para subsanar el gasto, es decir, el aumento del déficit fiscal, desde el día uno llovió críticas a la propuesta, por parte de la mayoría de los partidos políticos, que actualmente se preparan para las elecciones de 2022, y también enfureció a sindicatos, grupos de estudiantes y líderes de pequeñas empresas cuyos ingresos se han visto afectados por la pandemia. Los manifestantes pidieron al gobierno que aumente los impuestos corporativos y disminuya el gasto militar en lugar de gravar a la clase media llegando así a manifestaciones desde el 28 de abril.
Por tal motivo, el Presidente Duque se retractó de la propuesta el domingo 2 de mayo después de la firme oposición de los legisladores, lo que generó incertidumbre en el mercado y comentarios de la agencia de calificación Moody’s “El retiro de la propuesta tributaria es negativo desde una perspectiva crediticia debido a la incertidumbre que genera sobre la capacidad del gobierno para lograr la aprobación de medidas de consolidación fiscal en el mediano plazo”.
Al día siguiente, el Ministro de Hacienda renunció (sorprendiendo al mercado) generando una incertidumbre sobre la estabilidad macroeconómica colombiana y que la moneda, los bonos, los mercados de valores fueran el lunes 3 de mayo el peor mercado bursátil a nivel mundial.
La moneda colombiana cayó un 1.38% a un mínimo de seis meses de 3.804,95 pesos por dólar. Desde que la propuesta tributaria fue enviada al Congreso el 15 de abril, el peso se ha depreciado un 5.34% y en lo corrido del año un -11.39%.
El rendimiento de los bonos gubernamentales se desvalorizó en promedio 25.34 pbs en solo una jornada, mientras que el principal índice bursátil del país, COLCAP, cayó un 2.72%.
Fuente: Bloomberg, Cálculos: BCC
Pero ¿Cuáles son las consecuencias de la no aprobación de la reforma tributaria? (Sin contar las antes mencionadas).
Primero que todo, la falta de claridad sobre cuándo estaría lista la nueva propuesta y cuánto buscaría recaudar ha creado dudas sobre si un plan podría aprobarse antes del final de la sesión legislativa en junio. Las demoras dificultarían el envío de un mensaje de consolidación fiscal a los inversionistas con el temor del aumento del hueco que tiene el país de 100 billones de pesos, lo que puede provocar que las agencias de riesgo bajen las calificaciones llegando al mundo de los “bonos basura”. A pesar de lo anterior, los bonos emitidos en dólares ya se están negociando inclusive con tasas más altas que países con calificación BB-.
Antes de hablar de las consecuencias de la baja de calificación se debe entender por qué se emite deuda pública. Las emisiones de este tipo de activos financieros se realizan cuando el Estado gasta más de lo que ingresa. Es decir, cuando surge una situación de déficit fiscal. Ante este exceso de gasto, la única solución posible para todas las administraciones públicas es aumentar la deuda emitida. La deuda pública viene a ser la fuente de financiación del Gobierno Nacional Central cuando necesita liquidez para llevar a cabo todos sus planes y objetivos.
Aclarando esto ya podemos dimensionar la gravedad de la baja de calificación, ya que los inversores extranjeros y locales pedirán unas tasas de interés más alta por el aumento del riesgo. Para el país se traduce, en que el gobierno debe endeudarse semanalmente con tasas más altas y esto genera que las cuentas de déficit aumenten y por efecto, el peso colombiano siga devaluándose.
Segundo, afectaría la reactivación económica porque se esperaría que las tasas estén estables lo más prolongado posible antes de que la inflación suba y sea más lento este camino, ya que el aumento de tasas en la deuda pública y de la divisa local generaría que el Banco de la República deba tomar medidas anticipadas, subiendo así su tasa de intervención de 1.75%, esto genera un efecto dominó puesto que los bancos comerciales aumentarían sus tasas ya sean las hipotecarias o las de tarjetas de crédito, etc.
Tercero, el solo temor de que no se haya aprobado la reforma tributara inicial tuvo también consecuencias en el régimen de pensiones privadas. La deuda publica colombiana (TES) se ha desvalorizado y con ello se ha disminuido el valor de los fondos. Como consecuencia nos tendremos que preguntar ¿Debemos trabajar más para obtener la misma pensión?
Por último, lo más importante es que haya un acuerdo, independientemente del tomo final de la reforma y de cuánto va a ser la recaudación para los próximos años, evitando así la inestabilidad institucional.