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La Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) recientemente expedida, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del delito de defraudación o evasión tributaria. Ahora los evasores y defraudadores de las arcas del Estado enfrentarán penas de 3 a 5 años de cárcel.